Los atropellos se han dado en Nariño, Santander y Boyacá
La Federación Colombiana de
Periodistas – FECOLPER- se pronunció respecto a la violación al derecho de
libertad de prensa de que están siendo objeto los periodistas, por parte de
servidores públicos. La organización hizo un recuento de los hechos que han
ocurrido en esta materia y reseña:
El 25 de febrero, cuando los
periodistas Iván Benavides de ITB Noticias y Wilson Prado de Diario del Sur
realizaban registro gráfico de un
cargamento de droga incautado horas antes y que era descargado del camión que
la transportaba frente a la estación de Policía de Ipiales (Nariño), Benavides
fue obligado por uniformados a borrar las fotografías realizadas, perdiendo el
material logrado; minutos después Prado realizó el mismo registro gráfico y un
sargento de Policía le exigió borrar las fotografías, a lo que el periodista se
negó.
Según el comunicado originado
por la Asociación Círculo de Periodistas del Sur ACPES, el coronel James Toro
comandante de Distrito de Policía, sostuvo que se trató de una reacción
inadecuada por parte de un miembro de la institución, quien ya ofreció
disculpas a los periodistas agredidos.
De otra parte, el jueves
anterior cuando periodistas de Bucaramanga se encontraban en el Parque
Santander, en rueda de prensa con la senadora Claudia López, fueron
estigmatizados por la servidora pública quien se exaltó cuando el
comunicador Gustavo Remolina, de la
emisora La Cariñosa le preguntó que si era cierto que una campaña a la
presidencia costaba más de 50 mil millones de pesos.
“Usted es un periodista serio,
dígame su fuente, de dónde saca que vale 50 mil millones de pesos, eso es
falso… mire yo quiero pedirle aquí a la gente que no tengamos periodistas… vale
sacar estos formatos que cada quién baja, eso vale, eso vale… lo que pasa es
que aquí los periodistas fletados por los corruptos no denuncian a los que se
roban la plata en Santander, pero ahora si vienen a decir que sacar unas
fotocopias vale 50 mil millones de pesos.. no se dejen engañar mis queridos,
aquí hay gente fletada”, respondió López, quien es precandidata a la presidencia
de Colombia, en elecciones que se realizarán en el 2018.
Algunos periodistas de la
ciudad le comunicaron a la Fecolper que después de la rueda de prensa un asesor
de la congresista les llamó a indicarles que antes de entrevistar a la senadora
debían entenderse con él y no abordarla como se dio en la rueda de prensa. Al
respecto, al ser consultada por tuiter,
la senadora no afirmó ni desmintió sino que contestó “bastaba que como
periodista preguntará antes de afirmar mentiras”.
Esta no sería la primera vez
que la congresista lanza improperios contra periodistas regionales, pues en
Cauca ya se habían recibido informaciones similares: “El periodista Rubén
Zúñiga rechazó la actuación de la senadora y expresó que al interrogarla por
estar en una misma mesa con personas presuntamente investigadas por temas
penales, en el respaldo a un candidato a la Gobernación, se enojó y lo señaló
de apoyar una campaña. “(…) Y me trató de calanchín del periodismo.” (Ver nota
completa)
También en Boyacá se presentó
vulneración contra la libertad de prensa. El 15 de febrero, el presidente del
Concejo de Soatá Luis Alirio Mojica, dirigió al periodista Luis Carlos Díaz
comunicación en donde le restringe el ingreso: “Me permito comunicarle que para
hacer presencia el noticiero STV Noticias en el Honorable Concejo
Municipal se debe aprobar por plenaria o
en su efecto si lo autoriza la mesa directiva”.
Según el comunicado emitido
por la Corporación Boyacense de Periodistas, la emisora 95.6 fm de Boyacá se
contactó con el Presidente del Concejo
para conocer la motivación de la solicitud y el mismo afirmó: “yo le pasé una
carta diciéndole al señor que para transmitir la sesión del Concejo, podía
hacerlo autorizado por la plenaria o por el Presidente del Concejo, ¿Qué quiere
decir? A mí me enseñaron que para entrar a cualquier parte debo pedir permiso
(…) ya malinterpretan las cosas, entonces tómelo como quiera y listo dejemos
así sumercé, no me vuelva a llamar por favor, chao”-posteriormente, cortó la
llamada”.
Respecto a las vulneraciones a
los derechos a informar y a informarse, la Federación Colombiana de Periodistas
rechaza vehementemente estas actuaciones y recuerda que:
El material periodístico está protegido por
principios internacionales de libertad de expresión. La Fuerza Pública no puede
revisarlo, controlarlo ni borrarlo. La eliminación de los contenidos gráficos
en Nariño constituyen un hecho agravado de censura previa.
Frases como “periodistas fletados por los
corruptos” o “calanchín del periodismo”, además de ser irrespetuosas con todo
el gremio, estigmatizan el trabajo periodístico, deteriorando la credibilidad
en la profesión, y generando que los y las periodistas queden en medio de
acusaciones, que podían hacerlos víctimas de nuevas obstrucciones y amenazas. La
Fecolper exhorta a la Senadora Claudia López a cesar declaraciones
estigmatizadoras contra periodistas y la invita a que ofrezca las explicaciones
y las disculpas a las que haya lugar.
Los servidores y funcionarios públicos, por
la naturaleza de sus actividades están más expuestos a la crítica y al
escrutinio del público; inclusive la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión ha declarado que son los funcionarios públicos quienes tienen la
obligación de adoptar un discurso público favorable que contribuya a prevenir
la violencia contra periodistas: “la obligación de garantizar los derechos de
libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios
públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y
trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de
violencia”.
Resulta inverosímil que se solicite
aprobación para el ingreso a los ciudadanos y a los medios de comunicación a
una corporación político-administrativa
a sesiones de concejales con debates públicos. El ingreso de la prensa no puede
imponerse a la discrecionalidad de servidores públicos que deberían facilitar
la transparencia de sus actuaciones. Interferir en el trabajo de la prensa
limita y censura el trabajo periodístico impidiendo el libre flujo de la
información.
La Federación Colombiana de
Periodistas solicita a la Procuraduría General de la Nación, actuar con base en
el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia, frente al control
disciplinario del servidor público, adelantando las investigaciones y sancionando
a los funcionarios que incurran en faltas disciplinarias en el desempeño de sus
funciones.
Adicionalmente, la FECOLPER
insta al Ministerio del Interior a dar las explicaciones pertinentes sobre la
concreción de la formulación de la Política Pública para la Libertad de
Expresión de las personas que ejercen la actividad periodística, en donde se
contemplaban programas relativos a capacitación de servidores y funcionarios
públicos frente al respeto por la Libertad de Prensa. La Federación Colombiana de
Periodistas recuerda que el incumplimiento de acuerdos con el sector minan la
confianza en el Estado. Fuente: Prensa
de la organización. Ajuste de texto y diagramación: bersoahoy.co
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